Marzo de 2020. Estalla la pandemia y el mercado se hunde. Las cotizaciones de empresas estratégicas quedan muy tocadas. El Gobierno sale al paso y resucita lo que se conoce como 'Golden share', una suerte de 'escudo' frente a posibles ofertas a derribo de grandes inversores internacionales. La redacción del decreto que lo regula, publicado el día 18 de marzo, baja el listón e incluye a casi cualquier operación. Ahora, un año y tres meses después desde el sector de las startups, afectado por su fuerte dinamismo con numerosas ampliaciones de capital y ventas, siguen reclamando eliminar la "incertidumbre jurídica" que ha llevado incluso a compradores a poner sobre la mesa cláusulas con las que responsabilizaba a emprendedores y accionistas de la compañía vendedora en el hipotético caso de que el Gobierno no diera 'luz verde'.
"Es un cajón de sastre", admite David Miranda, socio en el departamento de M&A de Osborne Clarke. No sólo por el límite de la inversión, al incluir operaciones en las que se toma más del 10% de las compañías. También por los sectores de actividad que se incluyen -en los que las startups operan de manera mayoritaria, especialmente en el tratamiento de datos o la inteligencia artificial- y los límites a la actividad del inversor. En concreto, también se verá afectado cuando el fondo o la compañía compradora haya realizado inversiones o participado en todos esos sectores tecnológicos, algo muy habitual.
Lo que estaba pensado para compañías como Telefónica o Naturgy acabó afectando a otras relativamente pequeñas. Las startups, al contrario que una pyme 'tradicional', cuentan con unas características que las hace más vulnerables a una norma como esta: la implicación del capital riesgo. Estas firmas tienen, en no pocos casos, respaldo de fondos de inversión nacionales e internacionales que entran en rondas de financiación con participaciones significativas. Esas entradas acaban en salidas, pues este tipo de vehículos buscan vender a medio plazo en busca de retornos importantes. Y esas salidas se hacen, en la inmensa mayoría de las ocasiones, a través de ventas a corporaciones o fondos de 'private equity' extranjeros.
En su momento hubo intentos para saltarse el escudo, optando por la venta de activos, pero hay bufetes que creen que esta práctica también estaría afectada por la ley y por eso no ha sido especialmente utilizado en este último año. Esta modalidad tiene también otra desventaja, según apunta Miranda: cuenta con una mayor complejidad jurídica y fiscal. Pero además se encuentra lo que se conoce en inglés como 'Cherry-picking', es decir, permitir al comprador elegir aquellos activos más interesantes.
No hay cifras oficiales, pero según explican fuentes del mercado, decenas de operaciones de startups se han visto afectadas de una manera u otra. Y todas las fuentes coinciden en algo: "Incertidumbre jurídica". En transacciones relativamente pequeñas, en las que el comprador busca agilidad para incorporar la nueva adquisición en su portfolio, aguardar a la autorización no lo hace especialmente atractivo. Bien es cierto que, como asegura el presidente de la patronal del capital riesgo, Aquilino Peña, ha habido mejoras. "Es una norma que por su tamaño reducido, por su indefinición de sectores y por la indefinición del proceso es mala pero se está aplicando con cierta cabeza". Se ha reducido ligeramente el tiempo de contestación, logrando que haya un primer filtro de unos tres meses en los que el Ministerio de Industria criba y da una primera 'luz verde' a las transacciones menos relevantes que no deben ir al Consejo de Ministros.
Buena parte de esa incertidumbre jurídica a la que se refieren está marcada, según apunta Miranda, por la obligación de fijar las operaciones con dos fechas: una para la firma y otra para el cierre definitivo. Esto suele suceder en movimientos mucho más grandes, en los que no sólo sería necesaria esta autorización, sino también la de las autoridades de la competencia o también los reguladores. Pero en rondas de decenas de millones de euros o en ventas de cantidades similares ese retraso en el cierre genera una mayor complejidad jurídica en el acuerdo, pues el comprador tiene ya responsabilidad sobre la compañía adquirida y debe controlar que no haya problemas en la gestión que afecten a los activos durante ese 'impasse'.
En los casos más extremos, esta 'golden share' resucitada con la pandemia ha traído cláusulas 'leoninas' por parte del comprador. Para tratar de sacudirse la responsabilidad, se han negociado transacciones, según explican varias fuentes del sector, en las que se llega a plantear en el contrato de compraventa que la responsabilidad de la no autorización fuera exclusivamente del vendedor, por lo que éste último debería devolver el dinero y además correr con todos los gastos vinculados a la fallida operación. Han sido casos excepcionales, pero sí que ha supuesto un impedimento significativo para cerrarlas definitivamente.
¿Una ampliación?
Con todo, ahora viene la reválida de este escudo. Su validez se alarga hasta este 30 de junio. El Gobierno debe decidir si la prorroga más allá de esa fecha. Y si esa ampliación afecta a la primera versión, en la que se refería sólo a inversores de fuera de la Unión Europea, o a la segunda, que fue aprobada el pasado mes de noviembre y en ella se introducía también a los del Viejo Continente. En caso de que se plantee este último, podría acarrear algún quebradero de cabeza ante la Comisión Europea.
Más allá de las startups, el 'escudo antiopas' sigue teniendo trabajo por delante en las próximas semanas. El Consejo de Ministros aún no se ha pronunciado sobre la opa lanzada sobre el 100% de las acciones de Euskaltel por Másmóvil, lo que ha obligado a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a tomar la delantera para publicar su aprobación de la operación. Pero el mayor reto es el de la compra del 22,69% de las acciones de Naturgy por parte del gigante australiano IFM.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios